“No se le puede pedir al instrumento de la represión que se convierta en un instrumento de reparación. Las cifras lo confirman. El Estado afirma más de 8 mil beneficiados. La sociedad civil registra apenas 186 personas con libertad plena”, criticó Tania Reneaum.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) un balance detallado sobre la situación de los derechos humanos y la detención de personas por motivos políticos en Venezuela.
En representación del presidente de la CIDH, Stuardo Ralón Orellana, la secretaria ejecutiva de la comisión, Tania Reneaum, expuso datos actualizados y técnicos sobre la represión estatal y el alcance de las medidas legislativas recientes.
La CIDH vincula directamente la vigencia de los derechos fundamentales con el sistema democrático. Reneaum afirmó que “la democracia no es un adorno del sistema interamericano, es su condición de posibilidad”.
Bajo esta premisa, calificó la privación de libertad por razones políticas como “una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de derecho en Venezuela”, subrayando que estas acciones no constituyen un exceso aislado, sino una “política de Estado, sostenida y deliberada”.
De acuerdo con datos obtenidos a partir del mecanismo especial de seguimiento de la CIDH, solo en 2025 la comisión otorgó 36 medidas cautelares, dirigidas principalmente a personas privadas de libertad por motivos políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y núcleos familiares completos. Asimismo, el monitoreo ha recopilado más de 300 testimonios directos de víctimas.
Cifras y condiciones de detención
La CIDH presentó una progresión estadística que refleja la magnitud de la crisis carcelaria por motivos políticos. Entre julio y diciembre de 2024, la sociedad civil documentó un total de 2.062 aprehensiones. Al cierre del año 2025, la cifra de personas que permanecían privadas de libertad se situó en 1.794, registro que incluía a tres menores de edad.
Para abril de 2026, la comisión contabiliza 454 personas que continúan apresadas por razones políticas. Este grupo está integrado por 44 mujeres, una adolescente, 286 civiles y 186 militares.
Asimismo se denunció que, en el marco de estos arrestos, “persisten la desaparición forzada, tortura, incomunicación prolongada y la negación de atención médica”, reportando que al menos 18 personas habrían fallecido bajo la custodia del Estado.
Análisis de Ley de Amnistía
La comisión evaluó la efectividad de la Ley de Amnistía, señalando discrepancias estructurales entre el texto legal y su implementación. Si bien se reconoce que la ley excluye formalmente las violaciones graves a los derechos humanos, Reneaum advirtió que la cláusula residual del artículo 9 introduce un “tipo abierto aplicable contra opositores” al excluir acciones vinculadas a actores extranjeros.
“No se le puede pedir al instrumento de la represión que se convierta en un instrumento de reparación. Las cifras lo confirman. El Estado afirma más de 8 mil beneficiados. La sociedad civil registra apenas 186 personas con libertad plena”, criticó.
Por otra parte, el organismo alertó que 554 personas permanecen bajo “libertad vigilada”, sujetas a prohibiciones de salida del país, presentaciones periódicas y restricciones para hablar con la prensa o manifestarse.
Exigencias al Estado Venezolano
La secretaria ejecutiva finalizó su intervención con cuatro requerimientos puntuales destinados a la restauración institucional:
● Cese de detenciones arbitrarias: Exigen la “libertad plena de todas las personas presas políticas y de conciencia”, aclarando que las liberaciones parciales no satisfacen las obligaciones estatales.
● Transparencia: Demandan acceso a “listas oficiales de personas detenidas, procesadas y amnistiadas”, señalando que la opacidad es una violación adicional.
● Reformas estructurales: Solicitan protección absoluta contra la tortura y garantías de no repetición.
● Visita in loco: La CIDH reitera la urgencia de una visita al país con “acceso irrestricto a los centros de privación de libertad”, enfatizando que la Comisión está dispuesta y solo falta la anuencia del Estado.
En su cierre, Reneaum declaró que la comisión “no aceptará como avance lo que es apenas un gesto” y continuará señalando lo que define como una “política de estado de represión que el sistema interamericano tiene el deber de confrontar”.
correo del caroni
