La Presidencia de la Corte Penal Internacional (CPI) ha asignado a los jueces a las tres divisiones judiciales.
Tras el compromiso solemne de seis jueces recién elegidos de la Corte Penal Internacional (CPI) el 8 de marzo de 2024 y la elección de la Presidencia el 11 de marzo de 2024, la Presidencia de la CPI ha asignado a los jueces a las tres divisiones judiciales, que se encargaran del caso de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La situación en la República Bolivariana de Venezuela I; la República Bolivariana de Venezuela II y la República de Filipinas se abordarán por la Sala de Cuestiones Preliminares I, se integre por las magistradas Reine Alapini-Gansou, María del Socorro Flores Liera e Iulia Motoc.
“3 juezas estarán a cargo de la Investigación por crímenes de lesa humanidad, Venezuela I. La Presidencia de la Corte Penal Internacional ratificó hoy #13Mar a las juezas Reine Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera, y nombró a la jueza Iulia Motoc, en reemplazo del juez saliente Péter Kovács”, informó la ONG Provea en un mensaje divulgado a través de su cuenta en la red social X.
La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) emanó este viernes su sentencia sobre el recurso de apelación presentado por la administración de Nicolás Maduro contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I que autorizó continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnada”, dijo el presidente de la Sala de Apelaciones, juez Marc Perrin de Brichambaut, al anunciar que “por unanimidad han rechazado” los argumentos del régimen y confirmaron la continuidad de la investigación por crímenes de lesa humanidad.
Previamente en la CPI
El 3 de noviembre de 2021, la Fiscalía de la CPI abrió una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, tras una remisión presentada por seis países: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
Obstáculos y controversias:
Sin embargo, en abril de 2022, la investigación se suspendió temporalmente debido a una solicitud de inhibición por parte del régimen de Maduro, que argumentaba que ya se estaban realizando investigaciones nacionales.
El 1 de noviembre de 2022, la Fiscalía de la CPI solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares reanudar la investigación, alegando que las actuaciones nacionales no eran genuinas ni abarcaban todos los delitos bajo investigación en La Haya.
El 27 de junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares I autorizó la reanudación de la investigación, lo que llevó al régimen de Maduro a presentar una apelación el 3 de julio de 2023.
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