El conflicto laboral se ha consolidado en 2026 como el principal motor
de la protesta ciudadana en Venezuela. Sin embargo, ni la agenda de
negociación política ni los actores internacionales están atendiendo
las demandas urgentes de la clase trabajadora.
Más de 4.000 protestas registradas se han registrado hasta octubre de
2026. Más del 60% de las manifestaciones unen reclamos salariales con
exigencias por el colapso de servicios públicos (agua, electricidad,
transporte) y derechos políticos.
Las negociaciones se iniciaron en agosto de 2026 entre la Asamblea
Nacional 2015 (Dinorah Figuera) y el parlamento actual (Jorge
Rodríguez), bajo el auspicio de EE. UU.
Hasta ahora las prioridades son: Reinstitucionalización y Poder
Judicial, Garantías electorales y CNE, libertades civiles y derechos
políticos, emergencia humanitaria (sin abordar el salario de fondo).
Todos estos temas son importantes. Sin embargo, en la calle hay un
pueblo que reclama mejoras salariales para mitigar el hambre en el
núcleo familiar y principalmente en los niños y adultos mayores.
Es importante destacar que el 56% de los venezolanos vive en pobreza
extrema y el 40% en inseguridad alimentaria moderada o grave (Datos
ONU/UE 2026). Por otra parte, 7,9 millones de personas requieren
asistencia y un 11,7% de niños menores de 5 años sufren retraso en el
crecimiento. También más de 9 millones de migrantes bajo amenaza de
deportación y el devastador impacto de los terremotos de junio de 2026
(más de 6.000 fallecidos y miles de damnificados).
Lo grave es que priorizar únicamente la arquitectura política e
institucional mientras se invisibiliza el colapso económico de los
ciudadanos genera un escenario insostenible que profundiza el riesgo
de mayor conflictividad y explosión social.
Economista José Luis Alcocer
