Cuando la política se despoja de la moral, las facciones que simulan combatir entre sí no buscan la justicia, sino la distribución pacífica del botín. Son enemigos ante los micrófonos, pero socios en la sombra; se necesitan mutuamente para mantener el juego vivo mientras el pueblo real, despojado y en ruinas, paga con su miseria el costo de la función.»
— Inspirado en el realismo político aristotélico.
Es indignante y profundamente molesto ver cómo se monta un teatro político sobre el hambre y los escombros de una nación entera. La realidad no admite paños tibios: el proceso que arranca formalmente este sábado 1 de agosto no es más que un reparto de cuotas entre caimanes del mismo pozo, auspiciado por un Washington pragmático que prioriza asegurar el flujo constante de crudo hacia las refinerías de Texas antes que la justicia real para el pueblo venezolano. Sentar en la misma mesa a Jorge Rodríguez y a Dinorah Figuera, dejando deliberadamente por fuera a la verdadera fuerza popular y al liderazgo mayoritario de María Corina Machado, demuestra que este encuentro no busca una transición democrática limpia, sino un acomodo conveniente que les permita a ambas cúpulas garantizar su propia supervivencia.
La matemática de este desvalijamiento es tan cínica que despierta una rabia legítima. Mientras firmas especializadas estiman que los destrozos materiales del doble terremoto de fines de junio ascienden a la pavorosa cifra de 17.000 millones de dólares, el régimen de Miraflores juega a la magia financiera con promesas vacías de reconstrucción. Lanzan planes habitacionales ofreciendo supuestos subsidios y créditos a 25 años para viviendas de 70.000 y 100.000 dólares, una trampa retórica que el país lleva 27 años padeciendo. El ciudadano común sabe perfectamente dónde terminan esas fortunas: los primeros 300 millones de dólares del acuerdo energético se esfumaron sin dejar rastro en el salario, y los 5.000 millones del FMI entraron directo al torrente de la discrecionalidad. Mientras la élite local desaparece el dinero en cuentas opacas, la gente en la calle no tiene ni medio en el bolsillo para levantar sus hogares destruidos.
Washington actúa como el cómplice silencioso que apaña esta marramucia tras bambalinas. Detrás de su discurso de «tutela y estabilidad», la Casa Blanca simplemente está administrando los recursos secuestrados de Venezuela —esos 13.000 millones de dólares acumulados que equivalen exactamente al costo de un portaviones nuclear— para saldar deudas con corporaciones extranjeras y proteger sus propios intereses energéticos. Al convalidar estas negociaciones bilaterales a puerta cerrada con operadores dóciles, el Ejecutivo norteamericano le otorga oxígeno financiero e impunidad a la tiranía a cambio de un barniz superficial de normalidad institucional.
Frente a este escenario de descarada simulación, la única alternativa real para el país no es esperar milagros de una mesa viciada, sino elevar la voz directamente ante el Congreso y el Senado de los Estados Unidos para levantar la roncha definitiva. Si el Ejecutivo estadounidense pretende tapar el pozo del despojo por conveniencia petrolera, el Poder Legislativo debe ser forzado a mirar la verdad desnuda. Hay que presionar a través de los bloques de congresistas que ya exigen transparencia para que las auditorías forenses de las cuentas de Qatar y el Tesoro salgan obligatoriamente a la luz. Solo rompiendo el hermetismo financiero de este pacto entre élites se podrá frenar la desaparición del patrimonio nacional, desnudando a los responsables de que una nación inmensamente rica siga sumida en la miseria absoluta.
