El reto de Nicolás Maduro para alzarse con las elecciones del 2024 es encerrar al país en una especie de compartimiento encriptado, una gigantesca burbuja, un espacio hermético donde la ciudadanía allí cautiva quede al margen del pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, pero especialmente del ejercicio del voto con plenas garantías constitucionales.
¿La Constitución? Bueno, de eso se trata: anda por allí, rodando por las aceras cual lata vacía y abollada, a la cual de vez en cuando dan un puntapié y alejan progresivamente del alcance del ciudadano. Este la ve desde el globo transparente que lo encierra, estira con angustia su mano, pero por momentos el esfuerzo pareciera inútil. Cualquier exabrupto judicial, policial, militar, electoral o administrativo, como hemos visto, es posible. Verbigracia, seguimos sin cronograma electoral.
La conculcación de los derechos más elementales no ha cesado durante este cuarto de siglo de hegemonía del excluyente y autocrático proyecto chavista. Unos sucumbieron por el ejercicio aplastante del control de una institucionalidad envilecida. Otros porque el hundimiento del país, la debacle económica ocasionada por las políticas de quienes desgobiernan privó a las grandes mayorías de las oportunidades para la satisfacción de las necesidades básicas. El trabajo como hecho social prácticamente desapareció. Y es allí cuando no les queda otra opción que huir con espanto de la tierra que los vio nacer, como lo han hecho más de 7 millones y medio de venezolanos.
Es precisamente en épocas electorales, sobre todo si se percatan de que el poder que usufructúan con totalitario afán está en riesgo, cuando la opresión avanza acelerador a fondo o penetra sinuosa por todos los intersticios del cuerpo social. Si no encuentra resistencia lo derrumba y aplasta todo aquello que lo pueda desalojar de su posición privilegiada.
El gran quiebre de las libertades en Nicaragua se produjo justamente en las elecciones de hace apenas tres años. La pareja dictatorial Ortega-Murillo comenzó por imputar a siete candidatos presidenciales por los más insólitos delitos. Los inhabilitó, los encarceló, los mandó al destierro, los despojó de su nacionalidad y sus bienes. Claro, Ortega logró imponerse atribuyéndose más del 75 % de los sufragios Después se desbordó la persecución: a la iglesia, a las ONG, a cualquier organización civil. Llegan al colmo de ir contra la Cruz Roja, hostigar a los boy scouts y hasta a una joven nicaragüense que en nombre de su país ganó el Miss Universo 2023 pero no es de los afectos del sátrapa.
La tiranía Rusa le da la estocada final al opositor que más eco encontraba en la sociedad: Alexei Navalny. Es una desgracia que en estos tiempos de crisis global de la democracia regímenes como el nicaragüense y el de Putin abran ante los ojos del mundo esos senderos de oprobio que aspirarían a recorrer los aspirantes de cualquier latitud para emular su perpetuación en el poder. Las líneas trazadoras están allí.
En el año electoral Venezuela presencia las más inauditas jugarretas, las peripecias más desembozadas y atropellantes para sacar de juego al contrario. También son capaces de operar con alambicados laboratorios que al menos para la pantalla propagandística les vale. Impresionante que lo hagan y que logren avances repartiendo mendrugos entre actores políticos y partidistas de cualquier ralea. El escenario: la AN.
Hoy todos los abusos se concentran en la figura de María Corina Machado. El colmo es que, aún inhabilitada, mandaderos oficialistas acudan al TSJ para tratar de impedirle que se llame candidata y que recorra el país. Han podido solicitar también que se le amordace, que le venden los ojos, se le taponen los oídos porque si habla, agita, levanta emociones, inspira, azuza contra el régimen y devela sus iniquidades crecerán los aprietos de Maduro.
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Pero a pesar del cerco mediático la terca realidad está allí y los sondeos de opinión siguen mostrando el largo trecho que separa a Maduro de la popularidad y aceptación de la candidata Machado. La más reciente (Datincorp) le otorga una ventaja de no menos de 41 %. De modo que no le queda al oficialismo más que llevar el ventajismo a los niveles más extremos como, por ejemplo, el uso verdaderamente obsceno de los recursos del Estado. ¿O es que las filas kilométricas de autobuses propiedad de organismos públicos usados para el acto electoral del pasado jueves 29 fueron pagados con las cotizaciones de los militantes del PSUV?
Dato nada menor ofrecido por la mencionada encuesta: 70 % está de acuerdo en buscar alternativas candidaturales si el régimen mantiene su obstinación en su inhabilitación a Machado, hoy la líder de la oposición en Venezuela. Ni por asomo la palabra rendición tiene vigencia entre nosotros.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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