Corren días cruciales en que la opresión del régimen venezolano, acosado por un enorme rechazo popular, se acrecienta y manifiesta en cada uno de sus actos. Persigue y encarcela a defensores de derechos humanos, restringe más aún el derecho a la información expulsando de la oferta televisiva nacional a canales de otros países, intoxica el clima político a través de los voceros más delirantes y procaces.
Pero nada muestra en toda su impudicia el plan oficialista en la ruta del sojuzgamiento a la sociedad venezolana como el manejo ilegal y ventajista que ha hecho y, por lo visto, tratará de seguir haciendo de los derechos electorales, tanto de los eventuales candidatos como de la propia población, dentro y fuera del país. Es muy abultado el número de los que no podrán votar.
Decir impudicia es decir, según la sinonimia que ofrecen los diccionarios, impudor, desvergüenza, deshonestidad, inmoralidad, obscenidad, descaro, concupiscencia y obscena desfachatez. La demostración más patente de que bajo ese signo se mueve el oficialismo es la insólita afirmación del jefe del ejecutivo y candidato presidencial, según la cual «ganaremos por las buenas o por las malas».
Después vienen los desmentidos hipócritas de los acólitos para decir que no dijeron lo que consta en los registros audiovisuales y que, evidentemente, no tienen otro propósito que darle un segundo impulso propagandístico a la inaceptable afirmación. En esa mecánica perversa todo es ganancia para los autores: tanto la afirmación como el desmentido falsario porque ambos, inevitablemente, vienen a golpear el ánimo del pueblo que los adversa y anhelan su salida del poder.
El CNE, siglas que por lo pronto significarían más bien Consejo Nacional de la Exclusión, acaba de aprobar el cronograma donde el acto de elección quedó fijado para el 28 de julio. Fecha que en modo alguno se justifica cuando por la Constitución el nuevo presidente debe asumir su cargo el diez de enero.
¿Cuántos meses le tocará al nuevo mandatario permanecer prácticamente atado de manos mientras los actuales gobernantes disponen de todo el tiempo para actuar a sus anchas con la arbitrariedad que los caracteriza? ¿Es esto conveniente para la República? No, pero ¿quién dijo que les importa?
La inscripción de los candidatos quedó fijada entre el 21 y 25 de marzo. El primer día debe producirse el intento de inscripción de María Corina Machado, a quien dentro y fuera del país se da como segura ganadora con una considerable ventaja si le reconocieran su derecho a participar en los comicios presidenciales. Es más que evidente que no podrá hacerlo y que la oposición unida, con ella a la cabeza, deberá decidir una alternativa que canalice el enorme anhelo popular de dejar atrás la situación de conculcación de derechos, de atraso económico, separación y sufrimiento en que se encuentran las familias venezolanas.
La mirada de la mayoría de la población estará puesta en quien sin duda posee hoy el mayor capital político en el campo opositor. Con el tiempo apremiando y sin que termine de expresarse la voluntad unitaria de las fuerzas más importantes tendrá que tomarse la decisión –con el principalísimo aval de la ganadora de las primarias– sobre un candidato alterno, con capacidad y apoyo suficientes para encabezar la transición que se iniciará en 2025.
Voluntad política. Consenso. Responsabilidad. Unidad y voto a todo trance. Imposible abandonar la ruta electoral, como lo ha prometido la candidata. Jerarquización correcta de los intereses superiores de Venezuela en esta hora menguada que amenaza con prolongarse por varias décadas más, hoy cuando ya conocemos en carne propia lo que es «navegar hacia el mismo mar de felicidad que Cuba». Importante trecho llevamos andado.
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Las elecciones se harán en la misma fecha aniversaria de Hugo Chávez. No han podido escoger otra mejor para que el voto soberano del pueblo venezolano ponga punto final a tan trágico ciclo en nuestra historia.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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