Las denuncias de la extorsionada ex magistrada del TSJ, Bárbara César Siero, terminan de descorrer el abismo institucional abierto a los pies de los ciudadanos. La República ha sido disuelta. Los poderes públicos fueron transformados en una red mafiosa al servicio del control omnímodo y perpetuo de la vida nacional. Con obscena impunidad, de espaldas […]
Las denuncias de la extorsionada ex magistrada del TSJ, Bárbara César Siero, terminan de descorrer el abismo institucional abierto a los pies de los ciudadanos. La República ha sido disuelta. Los poderes públicos fueron transformados en una red mafiosa al servicio del control omnímodo y perpetuo de la vida nacional. Con obscena impunidad, de espaldas y desenfrenadamente en contra de los intereses del pueblo venezolano.
En 43 minutos de grabación, la juez César Siero describe prolijamente el laberinto de horror por el que fue conducida, ella y su familia, precisamente por quienes desde hace más de tres décadas –desde sus orígenes golpistas hasta hoy– han presumido de paladines de la promoción de un Estado democrático y social de derecho y de justicia.
La juez César Siero, ex vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del máximo tribunal del país –y por tanto hasta hace poco parte de la instrumentación parcializada de la justicia– relató descarnadamente ante la cámara cómo se articularon vertical y transversalmente los poderes, desde el Ejecutivo hasta el Ministerio Público, cabeza del Poder Moral, para aplastarla como juez y como ciudadana.
Revela la ex magistrada cómo fue inventada la llamada «Operación Brazalete Blanco» para un supuesto magnicidio; cómo sus dos hermanos y su cuñada, militares de profesión, fueron involucrados falsamente y luego objeto de desaparición forzada a manos de funcionarios del Dgcim para obligarla a firmar las inhabilitaciones de varios dirigentes políticos, incluida María Corina Machado, ya para la fecha ganadora de las primarias de la oposición.
Las violaciones continuadas a los derechos humanos de la magistrada César; las vejaciones cara a cara, el desconocimiento a sus derechos como juez y ciudadana y las amenazas con abierto descaro hasta llegar a un «firma porque te puede ir peor» proferido por la mismísima presidente del TSJ, alcanzan niveles de atropellos más bien propios de una serie narco.
La gravedad del video de la ex magistrada César, al que tituló Cautivos del Poder, supera por mucho la significación de los Vladivideos de Montesinos, episodio que a la postre condujo a la caída de la dictadura de Fujimori en el año 2000. Valga recordar que aquel maestro del terrorismo de Estado recibió el amparo del régimen chavista.
Allá, quien en primaria instancia quedó sindicado ante la opinión pública peruana fue Montesinos. Y eso dejó un margen para que el propio Fujimori tratara de deslindarse encabezando personalmente un operativo –un show, en verdad– para la captura de su más estrecho colaborador y artífice de muchas de las desviaciones dictatoriales de su régimen.
Aquí no. En este caso que abarca, como mínimo, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de la libertad, coacción de funcionarios, asociación para delinquir, violación de derechos civiles, políticos y sociales por distintas vías quienes han quedado retratados de cuerpo entero como responsables intelectuales y materiales son la cúpula del régimen y su entorno.
Es todo el alto y envilecido entramado del poder en Venezuela lo que aparece involucrado, acusado, desfigurado.
Mucho más grave todavía: Si Fujimori salió del poder apenas dos meses después de explotar el escándalo de los «vladivideos» fue porque algún resquicio institucional –con supervisión extranjera, por cierto– quedaba en aquel país. Aquí no. En Venezuela no queda institucionalidad que presione o a la cual acudir en demanda de justicia. Todo el mundo quieto.
Y así vemos cómo ante este suceso, que ha debido estremecer la fibra de la nación y desencadenar los eventos institucionales necesarios para dinamizar un cambio lo más pronto y en orden, es recibido con la misma actitud pasiva y aletargada que en otras ocasiones de abusos de poder.
La ex magistrada ha señalado, con meridiana claridad, los pecados por acción u omisión de la cabeza del actual régimen, a sus colegas integrantes del TSJ, al ex Fiscal General de la República, al ex Ministro de la Defensa, a la Defensora del Pueblo y pare de contar.
Todo el mundo se hace el desentendido. Nadie da la cara. Sigue el chapoteo en el charco de la descomposición.
De lo que sí no queda dudas es que la extorsión a la ex magistrada César obedece a la misma decisión tomada hace muchos años por Chávez y sus acólitos de no entregar jamás el poder.
Es el hilo conductor que explica la manipulación de los referéndums revocatorios, el desconocimiento a la AN del 2015, la desnaturalización del CNE, la criminalización de las primarias opositoras y así hasta llegar al insólito fraude del 28-J, del cual este fue un capítulo precedente y necesario.
Ahora, la fecha de las próximas elecciones será la misma del punto final a esta trágica opresión de 27 años, como lo aspira la gran mayoría de los venezolanos.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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