El periodista y activista de Provea Oscar Murillo afirmó que se está utilizando el sistema de justicia venezolano para ir contra las voces disidentes, cerrando así el espacio cívico de debate y de reflexión
Autor: Frida Guerrero
Oscar Murillo, director de la oenegé de derechos humanos Provea, señaló que, tras la escalada de represión y persecución política por parte del régimen de Nicolás Maduro, siendo la desaparición forzada de la defensora Rocío San Miguel el caso más reciente, en Venezuela «estamos en la extinción del Estado de derecho».
Durante su participación en la edición número 156 del CocuyoClaroyRaspao del jueves 15 de febrero, el también periodista —en conversación con sus colegas Xabier Coscojuela y Luz Mely Reyes, de TalCual y Efecto Cocuyo, respectivamente— denunció que «el poder del Estado, concebido naturalmente para respetar y defender los DDHH, las libertades y la democracia, se está empleando para violar los derechos».
Murillo, exdirector de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello en Guyana, también advirtió que se está utilizando el sistema de justicia para ir contra las voces disidentes, cerrando así el espacio cívico de debate y de reflexión.
Siguió con una analogía de la situación actual de los derechos humanos en el país y lo que ha sucedido desde hace 15 años con los medios de comunicación: «la persecución, el control del papel, la asfixia a los medios; todo esto afecta a los dueños de los medios pero, sobre todo, a los venezolanos». Lo mismo ocurre con la criminalización a la labor de los defensores y activistas; los más afectados resultan siendo las víctimas, indicó el periodista.
Por su parte, Xabier Coscojuela, integrante del consejo editorial de TalCual, señaló que los hechos de desaparición forzada se repiten en el país, como en el caso de Rocío San Miguel, acusada por el Ministerio Público de “traición a la patria”. Además, recordó el caso de Alcedo Mora, quien está desaparecido desde 2014 y a la fecha (15 de febrero) aún no hay respuesta de su paradero.
En ese sentido, Coscojuela también nombró el caso Omar Lares, quien era alcalde del municipio Campo Elías del estado Mérida y lo iban a detener arbitrariamente en 2017. Como no los funcionarios lo consiguieron en su residencia, detuvieron a su hijo, Juan Pedro Lares, el cual estuvo preso durante más de un año.
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